Comunicado de la Junta Vecinal de Igollo

A través de los medios de comunicación hemos tenido noticia de la entrada en la Comisión Regional de Organización del Territorio Urbano (CROTU) del Plan Singular de Interés Regional (PSIR), que pretende promover la construcción de 1.069 viviendas, todas en el pueblo de Igollo de Camargo en la zona del Monte Rivas y afectando también al municipio de Santa Cruz de Bezana.

Pese a disponer de pocos datos relativos a este inmenso proyecto, la Junta Vecinal de Igollo, afectada directamente por este Plan, desea hacer las siguientes consideraciones ante la opinión pública:

1- Toda planificación urbanística debería valorar la importancia de la repercusión en las personas y las familias que viven en la zona, valorar la conservación de las casas, los edificios y los negocios que están generando los puestos de trabajo.

2- Toda planificación urbanística debería valorar la importancia medioambiental, y este PSIR conllevará una gran transformación paisajística en un área que hasta ahora ha sido claramente rural, precipitando un cambio irreversible de los parámetros bióticos y abióticos e la zona y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

3- Los programas de apoyo a los grupos más vulnerables deberían ser compatibles con una planificación y gestión integradas de los servicios sociales y con un mínimo grado de cohesión social.

4- Como consecuencia de la enorme concentración de viviendas de protección oficial que se pretende, el pueblo de Igollo pasará bruscamente de tener un censo de 1600 habitantes (equilibrado para una zona periurbana), a una zona urbana con una población superior a los 5000 habitantes.

5- Esta aparentemente precipitada decisión genera dudas acerca de los criterios que subyacen detrás de la misma, y podría dar lugar a pensar en intereses de promotores privados, de grupos de presión o de clientelísmo político.

6-Finalmente, pueden plantearse preguntas tales como: ¿es inevitable esta alta masificación de vivienda pública? ¿No podrían buscarse otras localizaciones para facilitar una mayor dispersión? ¿cuál de los dos Ayuntamientos afectados gestionará los servicios? ¿a qué motivos responde esta urgencia? ¿han sido suficientemente evaluadas todas las consecuencias por los responsables del Gobierno de Cantabria?